El artículo 479 de la actual LECRIM y las evidencias digitales en España

El vídeo nos muestra las declaraciones en un foro público del entonces máximo responsable del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, Juan Salom, quien relata cómo sus agentes  en el mismo registro domiciliario acceden a los ordenadores de los detenidos.

Entre las ventajas que argumenta el Sr. Salom sobre esta práctica pericial:

  1. Que está validado por el secretario judicial
  2. Que nos evitamos vulnerar las contraseñas del ordenador
  3. La carga emocional negativa que tiene el delincuente

En mi opinión,  este es un espectacular ejemplo de lo que el sociólogo Giddens denomina el “secuestro de la experiencia“,  acorralando la verdad en manos de los “expertos“.

Sobre 1) Desafortunadamente, afirmar que un Secretario Judicial puede dar fe digital de lo que un agente realiza cuando se sienta delante de un ordenador, es sembrar una intranquila seguridad jurídica.  En mi opinión, mientra los Secretarios Judiciales no estén capacitados para dar fe digital,  que un agente pueda manipular un ordenador en un registro domiciliario sin tomar las debidas precauciones o que los aparatos incautados estén en manos policiales sin control jurídico digital,  ofrece una inseguridad jurídica que nada beneficia a la credibilidad de nuestros agentes.

Sobre 2) Parece que el Sr. Salom desconoce que existen aplicativos que pueden vulnerar las claves del sistema operativo en cuestión de minutos.  Numerosas utilidades facilitan eliminar las password de acceso a los ordenadores. (véase Hirens).  Este desconocimiento provoca que el agente intente “sacar” la contraseña al usuario para acceder in situ al contenido, obviando la primera regla de la ciencia forense: asegurar las evidencias antes de manipularlas.

Sobre 3) La presunción de inocencia, brilla por su ausencia, anteponiendo “resultados” al esclarecimiento de unos hechos tecnológicos.  Declaraciones del Sr. Salom: “informes técnicos policiales con cuatro indicios” (ver vídeo)

Un proceder que, durante los años previos al 2008, no era exclusivo de la Guardia Civil, sino que era el mismo procedimiento de los agentes tecnológicos de la Policía Nacional. Todo ello pese a que la obsoleta LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal) en su artículo 479 establece claramente la primera norma que un perito forense debe cumplir ante una evidencia: asegurar la prueba

Artículo 479.Redacción según Ley 13/2009, de 3 de noviembre.

Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a ser posible, parte de ellos a disposición del Juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis.

Siendo optimista,  poco a poco, en España vamos superando el sistema pericial digital consistente en entrar como un elefante en una cacharrería.  En algunas sentencias posteriores al 2007 podemos encontrar términos como “clonado”, “volcado”, etc,   pero esa actividad forense se produce  después de que un agente ya ha accedido al ordenador in situ para buscar archivos “ilegales”, bajo la “supervisión” del Secretario Judicial. Estos análisis “in situ” se realizan directamente en el ordenador sin tomar medidas de precaución forenses.

Pero por si esto fuera poco, una vez y se incautan los equipos informáticos en un registro domiciliario,  la cadena de custodia jurídica digital es inexistente.   Los equipos pasan de mano en mano hasta llegar a un grupo “especializado” que realiza los análisis forenses digitales.  ¿En qué condiciones? En la actualidad,  los almacenes policiales de chatarra digital sin lacrar están llenos de equipos pendientes de revisión.  El que suscribe este post, pese a ser absuelto en Junio de 2010,  sigue esperando a que la BIT le devuelva un portátil enviado para su revisión (actualización: me lo devolvieron intacto en Junio de 2014),  que fue revisado en primera instancia por un agente de mi provincia con la afirmación de “no hay archivos de interés para el caso”.

Para finalizar,  formulo unas preguntas  ¿cuántos derechos fundamentales se retiran a una persona al incautar su ordenador personal? ¿su intimidad? ¿el secreto de sus comunicaciones? ¿actualmente son tan indispensables los equipos informáticos para las personas como para motivar la existencia de un reglamento específico que regule su incautación? ¿quizás la nueva LECRIM arrojará algo más seguridad jurídica al regular la intromisión en dispositivos electrónicos?

Desde este blog lanzo un grito -posiblemente mudo-  para que entidades como AEDEL (Asociación Española de las Evidencias Electrónicas) alcancen el necesario hueco que ayude a aumentar las garantías jurídicas en asuntos tecnológicos en España.

2 comments

  1. Al que le toca la china es complicado decirle que no es el mensajero quien tiene la culpa, la formacion es muy vital y mas para alguien que con su valoracion puede causar injusticias. Es complicado, pero te aseguro que hay muchos que estan capacitandose para no cometer errores como los que se pueden leer muchas veces y nos horroriza a los demas.

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