Un metadato violador de derechos fundamentales

El Tribunal Supremo ha absuelto a tres de los cuatro detenidos (dos españoles y dos mauritanos) en una operación policial en la que fueron incautados 19,7 kilos de cocaína. En primera instancia los dos españoles y un mauritano fueron condenados a 10 años y tres meses de cárcel y a una multa de 1.800.000 euros. La defensa de los dos españoles recurrió la sentencia.  El cuarto detenido (mauritano) reconoció los hechos,  siendo rebajada su condena a 9 años y un día de prisión y la misma multa económica.

El 15 de Julio de 2011, el  Tribunal Supremo ha absuelto a los dos apelantes españoles y, de forma automática, al tercer mauritano que no reconoció los hechos. El argumento del Tribunal Supremo consideró que el indicio racional que motivó la primera escucha telefónica no estaba suficientemente motivado,  aplicando la doctrina del fruto del árbol envenenado

Y ahora, “hablemos de mi libro”.  Cuando uno hace este tipo de extrapolaciones debe tener bien presente de qué estamos hablando. Ruego observar detenidamente  el indicio racional y la “sustancia prohibida”  indicada en la comparativa que presento en la ilustración.  (no sigas leyendo sin hacerlo)

En el caso de narcotráfico que estamos comparando, el Tribunal Supremo estimó la “evidente infracción del derecho fundamental” del secreto de las comunicaciones “tras la simple lectura de la inicial autorización judicial“,  criticando que ésta se haya basado “sin otro análisis, únicamente afirmando en sustento de esa autorización, lo siguiente…” ->  ¡Atentos!

  1. Que se ha tenido conocimiento, como consecuencia de un operativo policial,…
  2. Que a la llegada de dicha embarcación y como consecuencia de las vigilancias efectuadas
  3. Que, posteriormente, se observó como Sixto…
  4. Que en vigilancia realizada sobre el domicilio de …
Concluyendo el Tribunal Supremo lo siguiente:
…que carecen, en nuestra opinión, del valor exigible para motivar con la necesaria suficiencia la práctica de la diligencia interesada, ya que aluden a circunstancias carentes de la concreción  relevancia precisas.
Nótese que los puntos anteriores (investigación policial) se llevan a cabo lógicamente sin autorización judicial previa  ya que son acciones que no vulneran derechos fundamentales, y su fin es sustentar los argumentos para la posterior retirada de esos derechos, como es la intervención de las comunicaciones de los sospechosos.
Y ahora, “hablemos nuevamente de mi libro”. En el caso de los detenidos P2P, la investigación previa consiste en:
  1. Sin control judicial,  utilizando programas no homologados, se realiza una lectura puntual de metadatos públicos existentes en las redes P2P.
  2. Sin control judicial, se extraen las IP públicas que cumplan un criterio policial variable (un rastro, tres, cinco, quince…)
Una vez obtenido esos “indicios” , los agentes, ejerciendo funciones de Peritos Tecnológicos del Estado, justifican al estamento judicial la existencia de un delito grave de difusión dolosa (189.1.b) que alcanza penas de hasta cinco años. Es entonces cuando la  Fiscalía solicita al Juez:
  • La autorización judicial para la identificación de los titulares de esas IP.
…y sin mediar ningún tipo de investigación adicional:
  • La autorización judicial de entrada y registro simultáneo a los domicilios de los titulares de la conexión.
Nótese que el indicio racional presentado por los agentes para justificar judicialmente la identificación y el posterior registro domiciliario consiste simplemente en una serie de metadatos P2P.   Desde la distancia de un peer rastreador,  un metadato no determina la tenencia (tipo objetivo del 189.2) ni la difusión (tipo objetivo del 189.1.B) ni mucho menos descarta o determina la intencionalidad (tipo subjetivo requerido de este delito).   Por lo tanto,   el indicio racional no está motivado.
Llegados a este punto, muchos pudieran pensar que el fin justifica los medios. ¿Qué fin? ¿qué niños han sido liberado tras una redada de usuarios P2P? ¡Ninguno! ¿Se han eliminado esos archivos después de las detenciones?  ¡No!, siguen en el mismo sitio. Pero claro,  el patrón de los detenidos P2P es San Benito, porque la etiqueta de pedófilo que te han colgado, pese a no haber tocado el pelo a nadie, no te la quitarás en tu vida.  Eso sí, si hubieras sido un traficante y te hallan droga, la cosa cambia:

Todo ello, por supuesto, contemplado “ex ante”, en el momento mismo en el que dichas intervenciones son autorizadas, y teniendo en cuenta exclusivamente los datos para ello utilizados por el Instructor, pues la posterior evidencia del hallazgo de la sustancia prohibida no puede servir de argumento retroactivo para justificar la invasión de las comunicaciones de los investigados, de igual manera que la imposibilidad ulterior para vincular el delito con quienes inicialmente se consideraban autores del mismo, y cuya conducta motivó la solicitud policial, tampoco puede ser utilizada en puridad para negar, por esa razón, licitud a las “escuchas”

Generalmente, en los casos de detenidos P2P en los que se hallan archivos de pornografía infantil no existen contemplaciones. Pero es más, incluso no hallando nada,  se utiliza los archivos borrados (recuperados con “sofisticadas herramientas” por la policía) como si de una ocultación de datos se tratara ¿acaso la policía avisa al detenido P2P antes del registro domiciliario? Obviamente ¡no!.

Dice el Tribunal Supremo en este caso de narcotráfico:

Y todo ello sin mencionar, además, el escaso fundamento respecto de la necesidad de la diligencia, cuando se advierte cómo sólo con las vigilancias efectuadas en torno al barco podría haberse alcanzado el objetivo del descubrimiento y ocupación de la sustancia en él transportada, sin precisar la práctica de una injerencia tan grave para los derechos de los investigados como la intervención de sus comunicaciones telefónicas, que tantas veces ha insistido este Tribunal que ha de suponer la última medida a adoptar, sólo cuando resulte del todo imprescindible para el progreso de la investigación.

Teniendo en cuenta que la mera implicación en una redada P2P por pornografía infantil acaba por completo con la vida del detenido ¿no debería ser la última medida a adoptar?   ¿Por qué autorizan los jueces intervenciones simultáneas en toda España si luego los detenidos son juzgados individualmente?   ¿Por qué se venden las detenciones como  si de pederastas se tratara si luego los detenidos nunca han abusado sexualmente de nadie?  ¿Por qué miras para otro lado y no dices nada mientras esta gente está muerta en vida?  Cada caso de un detenidos P2P es una tragedia personal y familiar irreparable, que convierte a la persona en un muerto viviente al que se le niega su derecho universal a defenderse.

Te sugiero que veas el inventario de operaciones P2P que intento llevar a cabo.  No están todas las operaciones,  pero ofrece una idea del disparate español de detenidos P2P sin precedentes en todo el mundo.

Algo falla estrepitosamente en estos asuntos. Algo que parece que la opinión pública no puede ver por el efecto de la pedofilofobia, que no es otro que la espesa bruma que nubla la posibilidad de razonamiento lógico.

Un mudo en el el país de los ciegos.

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